Las narco-fosas de “Los Dámaso” desbordando de ejecutados



La zona del predio “Zacatitos” se encuentra resguardada por agentes de los tres niveles de gobierno, dentro del terreno agentes de homicidios y de la SEMEFO exhumando cuerpos.

Al cierre de esta edición sumaban 23 cuerpos hallados en un predio cercano a Las Playitas en Los Cabos. Autoridades dieron con la fosa por información de los nueve detenidos la semana pasada en una casa de seguridad de La Paz. También hubo avances en el homicidio de Max Rodríguez

“Ahorita van seis, pero el reporte que tenemos es que al menos hay veinte cuerpos más”, explicó a ZETA un miembro del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública en Baja California Sur.

El macabro hallazgo se dio en un predio denominado Zacatitos, cercano al poblado de Las Playitas en Los Cabos. Se trata de una fosa clandestina donde, hasta el cierre de edición, había 23 cuerpos de hombres y mujeres.

En el primer día de búsqueda, la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) informó “… como resultado de la labor de inteligencia que en diversas carpetas de investigación se realiza por delitos de alto impacto, aproximadamente a las 15 horas de este martes 06 de junio, en el kilómetro 4.5 del camino San José del Cabo-Cabo Pulmo, se localizó un sitio con la inhumación clandestina de 6 personas; cuatro del sexo masculino y dos féminas.

De acuerdo a datos recabados por ZETA, dos de los cuerpos ya fueron identificados, pues “traían aún en sus ropas la identificación IFE (hoy INE), pero seguimos revisando el tema, porque se nos viene mayor trabajo”, dijo un elemento de inteligencia militar, el cual confirmó la presencia de entre 25 y 30 elementos del ala de Periciales y de Homicidios que se encuentran exhumando restos humanos y cavando en los puntos señalados.

“Hay un testigo que nos está apoyando, está dando ubicaciones y coordenadas de dónde buscar”, agregó el elemento militar.

Los dos cuerpos identificados pertenecen a Jesús Fabián Sarabia Reyes, nacido el 14 de enero de 1999 y adicto; y Carlos Enrique Alfaro Rodríguez, con antecedentes por delitos contra la salud, por drogarse en vía pública y alterar el orden.

La detención de 9 presuntos sicarios, llevó a la localización de más de una veintena de cuerpos enterrados, así como el esclarecimiento del caso Max Rodríguez.
Según el agente militar consultado, los cuerpos estaban en “avanzado estado de descomposición, falta analizar la causa de muerte, pero seguramente fueron privados de la vida con alguna práctica conocida en este tipo de delincuentes”.

Las labores de búsqueda de restos humanos se interrumpieron por falta de luz natural durante la noche del martes 6, sin embargo, muy temprano al día siguiente y con el apoyo de más elementos y herramientas, se reanudó la búsqueda para recuperar los restos.

“Este miércoles se localizaron los cuerpos de ocho personas, siete hombres y una mujer. Dan un total de 14 personas fallecidas, de las cuales tres son mujeres. Por el avance de descomposición de los cuerpos, hasta el momento los hoy occisos permanecen en calidad de desconocidos, por lo que peritos expertos de la Dirección de Servicios Periciales tomarán muestras de ADN de tejido óseo, para lograr por medios científicos, la identificación de los restos”, expresó el mando militar.

La PGJE exhortó a familiares con personas desaparecidas, a acudir a las oficinas de la institución para donar material genético de un pariente cercano y así identificar los cuerpos localizados. O en otros casos, apoyar en la identificación de las personas, ya sea con algunos rasgos, cicatrices o tatuajes.

Pero la búsqueda se ha mantenido en el sitio, “hemos continuado este día (jueves 8 de junio), los resultados son nueve cuerpos más”, lo que hace un total de 23 cadáveres en la fosa.

La búsqueda de restos humanos será reanudada hasta revisar el último sitio señalado por testigos y los sicarios de “Los Dámaso” detenidos la semana pasada.
Dieron santo y seña

La investigación sobre la guerra por el control de la plaza entre miembros de “Los Dámaso” contra “Los Chapitos” del propio Cártel de Sinaloa y células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o Cártel Tijuana Nueva Generación (CTNG), cobró mayor relevancia tras la detención de nueve presuntos asesinos en un domicilio de Calle Palma del fraccionamiento Islas, en La Paz.

“Hechos registrados el 30 de mayo, tras una persecución que se libró por las calles de la Capital, allí se pudieron asegurar cinco rifles de asalto, una escopeta y múltiples cargadores y cartuchos útiles”, refirió un mando consultado.

Los detenidos fueron:

Juan Antonio “N”, de 24 años, originario de La Paz; Sergio “N”, 21 años, oriundo de San José del Cabo; José de Jesús “N”, 36 años, nacido en Sinaloa; Jonathan “N”, 24 años, procedente de San José del Cabo; Santos “N”, de 21, originario de la Capital; Nicolás Alberto “N”, 27, nativo de Sonora; Jesús Roberto “N”, de 20, de Sinaloa; además de Rubén “N” y Rubén Eduardo “N”, ambos de origen desconocido.

La investigación obtuvo resultado, a razón que “los detenidos empezaron a hablar como era esperado, nos dieron información sobre el predio donde habían enterrado los cuerpos de algunas de sus víctimas, además, cantaron santo y seña cómo los habían matado”, expresó el agente de investigación entrevistado por ZETA.

De inicio la información gestada por las fuerzas de seguridad apunta a por lo menos 25 cuerpos enterrados en el predio camino al Parque Nacional Cabo Pulmo, “es poco transitado, por eso fue utilizado por los sicarios para llevar a sus víctimas y deshacerse de ellos”, reiteró el investigador.

El Grupo de Coordinación de Seguridad Pública en el Estado dio a conocer el 1 de junio que, según las primeras indagaciones, esta célula de “Los Dámaso” operaba principalmente en La Paz y Los Cabos, por lo que se confirma que en dicho predio había presencia de los presuntos delincuentes para sepultar a sus rivales.

“Es un trabajo conjunto del Grupo de Coordinación, son investigaciones que se desarrollan, es un resultado sin duda al combate frontal a la delincuencia en su conjunto, al crimen, y creo que estas acciones están enfocadas a ir cada día acotando más los espacios para la comisión de delitos”, consideró Ricardo Millán Bueno, delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el Estado.

Por lo que respecta al hallazgo de restos humanos, fuentes extraoficiales dieron a conocer que la búsqueda se intensificará en la zona, pues se estima hay más cuerpos, “las identidades serán reveladas una vez que tengamos todos los datos, confirmada a través de huellas dactilares, ADN, reconocimiento facial, tatuajes, cicatrices y todo lo que nos pueda ayudar para dar con sus familiares. Hemos tenido muchas denuncias y muchos que no denuncian la desaparición de sus familiares”, afirmó un empleado del Servicio Médico Forense (Semefo).

“Entraban varios y salían pocos”

“Entraban varios y salían pocos cada vez que venían los jóvenes, diferentes vehículos se veían, no podíamos hacer mucho”, fue parte de los declarado por los guardias de seguridad que resguardaban el predio, los tres fueron tomados como testigos, ya que “no sabían mucho, solo comentan que pues solo miraban entrar carros y jóvenes, pero a la salida ellos pues como que notaban algo raro, si entraban diez, salían ocho o siete, así fue como iban operando”, confesó el elemento de seguridad adscrito al Grupo de Coordinación de Seguridad Pública.

Los datos recabados apuntan a que desde el mes de marzo, está célula en particular se dedicó a llevar a sus víctimas, “no sabemos si a la fuerza o los conocían, en algunos casos sí dijeron que los obligaban a cavar las tumbas y los ejecutaban, otras versiones obtenidas es que ya había fosas listas, solo para llegar y enterrar”, reveló.

Desde colonias como El Rosarito, Guaymitas, Santa Rosa, El Zacatal, en promedio hasta el predio, son entre 17 y 20 kilómetros, con un tiempo de recorrido de entre media hora y 45 minutos; tiempo y distancia que el grupo de jóvenes sicarios recorrían con total impunidad, con armas de fuego y víctimas que eran llevadas al sitio para darles muerte.

“Es un predio bastante amplio, varias hectáreas a la redonda, arena y mucho matorral. En la arena era visible dónde se encontraban los cuerpos, bastaba escarbar poco menos del metro para dar con los restos; eso sí, batallamos para localizarlos en tanto terreno. Todo el predio se encuentra limitado y el acceso con guardias de seguridad privada”, externó el funcionario del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública.

Fuentes extraoficiales confirmaron que el cementerio clandestino “era utilizado por ‘Los Dámaso’ para enterrar a sus contras, ellos dijeron que trabajaban con la orden de bajar a todos chapulines que nos estorbaran en la plaza y dejar libre el paso a la gente que ellos traían”, señalan los indiciados en sus declaraciones.

Acorde con lo dicho y aportado por los nueve detenidos, los cuales han sido declarados como miembros de la célula de “El Colores”, algunas de las técnicas para que las víctimas llegaron al sitio, eran recurrir a prostitutas para atraer a los contras, y una vez en el sitio, el comando armado los esperaba para ejecutarlos.

“Entre los nueve nombran a una mujer, con un apodo que se me escapa, este reporte nos llevó a averiguar, ellos nos dieron toda la ubicación de esta persona, no sabemos aún si ella ayudaba en las labores para poner a las víctimas a base de engaños, pero con los detalles que nos ha brindado hemos llegado a algunos cuerpos. Aún hay información de otros puntos en el mismo predio y que vamos a continuar”, dio a conocer el agente de investigación estatal.

Lo cierto es que la célula de “Los Dámaso” ha operado de esta manera para desaparecer a la competencia, casos ocurridos en la entidad y que fueron revelados por los propios responsables, son el de Simón Guillermo Hernández Peña “El Simón” o “El Sepulturero”; Melissa Margarita Calderón Ojeda “La China”; y Cruz Alonso Lozoya Uriarte o Abel Nahúm Quintero Manjarrez “El Grande”.

Tres guardias de seguridad fueron interrogados por fuerzas de inteligencia, solo argumentaron que muchas personas ingresaban al predio, pero salían pocos. Dijeron que comúnmente se miraban jóvenes que entraban al sitio.

Cómo operaba la célula delictiva

“Desde octubre del 2016 la célula de ‘Los Dámaso’ mudó la violencia prácticamente aquí al municipio, los de Jalisco buscaron aumentar el control en la zona del Zacatal y entonces fue que la entonces célula de Sinaloa despertó para recuperar el control de la zona de San José del Cabo”, expresó un agente de la Policía Municipal de Los Cabos.

La aparición de narcomantas en escuelas, puentes, incluso cartulinas en cuerpos desmembrados, declaró prácticamente la guerra no solo a las células rivales, sino a cuerpos policiacos y medios de comunicación, de ahí la amenaza en contra de Colectivo Pericú y Max Rodríguez (fallecido el 14 de abril de 2017), quienes incitaban al “topón”, perpetrada por esta célula delictiva de “Los Dámaso” comandada por “El Colores”, brazo armado de “Los Javieres” o “Los Acosta”.

La práctica de sepultar ya se venía dando en el grupo criminal, desde Simón Guillermo, de ahí su apodo de “El Sepulturero”, el cual con sangre fría eliminó no solo a sus rivales, sino a su novia y amigos.

“En junio de 2013 se dio el hallazgo de siete cuerpos en fosas clandestinas detrás de colonias como Camino Real, La Fuente y Tabachines. Simón Guillermo Hernández Peña confesó haber enterrado a contras y colaboradores, incluso a su novia”; se informó.

“El Simón” fue liberado el 14 de julio de 2015, sin embargo, resultó lesionado el 9 de agosto del mismo año, lo cual lo llevó tras las rejas, pues al ser dado de alta, días después fue reaprehendido y encerrado en el penal de La Paz, y casi un año después, enviado a un penal de mayor seguridad en otro Estado.

En junio de 2015, las Fuerzas Especiales Dámaso de “La China” hicieron acto de presencia ante sus rivales.

“Tras ser detenido Pedro Héctor Gómez Camarena, presunto novio y lugarteniente de la ex jefa de sicarios, dio información sobre la manera de operar su jefa, con ello se dio el hallazgo de tres cuerpos humanos y dos bolsas negras inhumados en fosas clandestinas; allí se detuvo a ‘El Peter’, quien confirmó que recibía el pago por enterrar los cuerpos en el arroyo de la zona del Comitán en La Paz, donde localizaron cinco cuerpos”.

Otro de los sicarios con operaciones para el grupo criminal, fue identificado como Abel Nahúm “El Grande”, el cual eligió zonas más cercanas a núcleos poblacionales.

“Muy cerca de la planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, a poco más de 100 metros de la colonia Villas del Encanto y a 50 de la zona residencial, se encontraron los restos de un hombre”; la información fue dada a conocer por dos presuntos narcomenudistas que escaparon del sicario y fueron interceptados en la colonia Paraíso del Sol.

Incluso un grupo de matones a la orden de las Fuerzas Especiales Dámaso (FED) fueron interceptados por fuerzas militares y ministeriales en el área del libramiento; allí se desató un fuerte enfrentamiento que dejó dos sicarios muertos y uno herido.

Habrían huido del Rancho de Raydel López Uriarte “El Muletas”, ubicado a solo unos kilómetros por la carretera La Paz-Los Planes. En ese lugar fueron encontrados al menos dos cuerpos enterrados, pero ese día no pudieron enterrar a la última de sus víctimas, un narcomenudista levantado en la colonia Miramar en La Paz.

“Normalmente las células de la delincuencia organizada utilizan este tipo de prácticas para alinear a los contras o eliminarlos de la competencia. Por lo regular en Baja California Sur la táctica funciona para alinear a narcomenudistas, amedrentarlos y hacerlos traicionar a sus jefes”, comentó el efectivo militar.

Desaparecidos en esta guerra

Pese a lo que se diga sobre los delincuentes, refiriéndose a los vendedores de droga, hay familias que los esperan en casa, y en la mayoría de los casos, los vieron por última vez y ni siquiera supieron adónde se fueron o cuando regresarán.

Según reportes de la PGJE, de 2010 a mediados de 2016, había 68 personas desaparecidas, que salieron a sus trabajos, a la escuela o con amigos, mas nunca regresaron o avisaron en sus viviendas que se trasladarían hacia a otro lugar.

“Lamentablemente algunas fueron localizadas enterradas en fosas clandestinas que ya tenían tiempo, o localizados, abandonados y tenían mucho tiempo, es casi imposible identificarlos”, dijo un agente del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública en el Estado.

En estado avanzado de descomposición fueron localizados algunos cuerpos dentro de fosas clandestinas, al cierre de esta edición ya se contaba con 23 exhumados.

El número de desaparecidos creció rápidamente en Los Cabos en los últimos meses, desde octubre de 2016, la cifra aumentó a diez casos registrados en la PGJE, Ellos son: Agustín Pita Galeana, Jonathan Alejandro Barba Martínez, Reyna Jiménez González, Luis Enrique Ulibarría Guillins, Nataly Marisol Aguilar García, Dora Luz Agúndez, Cruz Fisher Armenta, José Manuel Rodríguez, Jesús Alfredo Angulo y Nayelly Manríquez.

Entre las desapariciones destacan cuatro en Cabo San Lucas y seis en San José del Cabo, sin embargo, no se descarta que haya un número mayor al proporcionado por la PGJE, ya que gran parte de las familias recurren a redes sociales, debido a la ocupación de sus consanguíneos o amigos.

Por tal motivo, en la guerra que se ha desencadenado por el control de la plaza en Los Cabos, la PGJE ha solicitado la colaboración de los ciudadanos o aquellos que tengan alguna persona desaparecida para que acudan a las oficinas de la institución y apoyar en labores de reconocimiento.

“Son muchos cuerpos, de momento 21 que no han sido identificados, pero por el avanzado estado de descomposición que pudieran estar, se va a requerir material genético para identificar”, exhortó un agente del Semefo.

Un testigo confió a ZETA que un familiar suyo fue levantado por cuatro hombres armados en La Paz, “a bordo de una camioneta de color negro, lo amenazaron y dijeron que venían de una institución de seguridad y se lo llevaron; no obstante lo fuimos a buscar a comandancias, barandilla y otras instituciones, y nadie supo de él. El carro no traía placas”, manifestó el afectado.
Declaraciones acabaron con impunidad en caso Max Rodríguez

“Una vez con las pruebas en balística, los videos recolectados en las tiendas de los alrededores y con los detenidos, pudimos dar con los autores materiales, son tres de los nueve detenidos, y uno más que ya se encontraba detenido”, afirmó un agente del Grupo de Coordinación respecto al homicidio del colaborador del portal Colectivo Pericú.

Desde el 14 de abril, fecha del asesinato, inició la búsqueda de los presuntos responsables, concluyendo el 30 de mayo, cuando se detuvo a nueve personas vinculadas al crimen organizado, entre ellas tres ligados al crimen del periodista; los presuntos delincuentes dijeron pertenecer a la célula de “Los Dámaso”.

“Aun cuando lamentamos el hecho que ocurrió recientemente, que un compañero periodista sufrió un atentado contra su vida, también nos da mucho gusto que no haya quedado impune, y que haya sido el primero de los que han ocurrido en el país, que haya sido resuelto de manera convincente”, dio a conocer Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur.

Pero a las autoridades se les habría pasado un detalle. En pleno 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, la PGJE reveló un cuarto imputado, se trata de Luis “N”, el cual ya se encontraba detenido por otro hecho, lo que demuestra la falta de capacidad en la aplicación de estrategias de inteligencia y, “tras las declaraciones de uno de los detenidos en Las Islas”, se confirmó su incursión en el delito de Max Rodríguez.

Algunos de los cuerpos encontrados sepultados en el predio Zacatitos, lucían semienterrados y con partes al descubierto, en el caso de esta víctima se puede observar un tatuaje.
Ricardo Millán Bueno, delegado de la Segob en la entidad, dijo que esto no pudo llevarse a cabo de no ser por “el trabajo coordinado, el trabajo conjunto de las diversas fiscalías, de las diversas autoridades federales y estatales está rindiendo frutos, estas órdenes de aprehensión, estas investigaciones que se han hecho vienen a fortalecer sin duda el Estado de Derecho, el combate a la impunidad, principalmente en estos temas que tienen que ver con delitos cometidos contra periodistas, contra la libertad de expresión”, expresó.

Elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) y de la PGJE, obtuvieron orden de aprehensión contra el cuarto presunto implicado, la cual fue sencilla de aplicar; sin embargo, denota una falta de preparación y de pericia para investigar y lograr la vinculación en delitos de alto impacto. En otras palabras, “están verdes en estos temas”, condenó un criminólogo consultado por ZETA.

“Se está trabajando de manera conjunta, se está trabajando en ese camino y esperamos que estos resultados puedan ser visibles también en el aspecto de la prevención, donde el llamado es a los comunicadores para que atiendan cualquier situación de amenaza que representa y puedan manifestarlo a la autoridad correspondiente para poder atenderlo en tiempo y forma”, afirmó Millán Bueno.

La fiscalía y la PGJE dieron a conocer que se vincula a este sujeto en lo que podría ser su participación no solo en el homicidio del comunicador, sino en homicidios dolosos en La Paz y Los Cabos. A esto se suman “las declaraciones de los sicarios de ‘Los Dámaso’, prácticamente confirmaron lo que ya teníamos previsto atender, solo que nos dieron los pormenores y pudimos establecer quién ejecutó”.

En un recorrido por Baja California Sur, el quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Édgar Corzo Sosa, señaló que México es uno de los países donde existe mayor riesgo para ejercer el periodismo; este año, siete periodistas han sido asesinados por la delincuencia organizada, por lo cual fue enfático en que se debe apresar a quienes atenten contra la libertad de expresión, pero también que se revise a detalle.

“Hemos visto que la situación en el país es de alto riesgo, que hay un gran incremento de agresiones, que la procuración de justicia es un derecho humano, por lo tanto, no solo se trata de aprehender a una persona, sino ver que efectivamente esa persona es la responsable, y por supuesto, que se proceda contra ella y finalmente esté en una situación de reclusión por haber sido la que incurrió en ese delito, pero no solo ahí, no solo buscamos una procuración de justicia reactiva; buscamos también que sea preventiva”, detalló Corzo Sosa.

En cuanto a la atención psicológica, consideró debe ser no solo a familiares, sino a compañeros del reportero, por lo que periodistas sudcalifornianos dicen “No al silencio” y trabajando con responsabilidad.

“Haciendo lo que nos toca, investigando, analizando, cuestionando, revelando, señalando en distintos canales, en nuestros medios de comunicación, en nuestras redes sociales, motivando también para que los ciudadanos lo ejerzan, para que no tengan miedo para sumarnos a este llamado nacional de los compañeros periodistas en el contexto de las agresiones, de los asesinatos particularmente, este llamado nacional que es no al silencio, con valor, pero también con responsabilidad”, explicó Gladys Navarro, periodista y académica de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.

Según datos de la Federación Internacional de Periodistas, en 2016 se registraron 426 agresiones a prensa, lo que lo hizo el año más violento para periodistas en México. En lo que va de 2017 ya son siete periodistas los asesinados, uno por lo menos comprobado por ejercer su derecho a expresarse, tratando el tema de Maximino Rodríguez, donde la autoridad así lo consideró. Pero esta clase de violencia solo ha llevado a periodistas al extremo de autocensurarse por miedo.
Renuncias obligadas en Cereso de Los Cabos

“El subdirector estuvo jugando al valiente en contra de las bandas delincuenciales al interior del penal, era obvio que tendría que haber una repercusión”, lanzó el miembro del selecto grupo de Seguridad Pública en el Estado.

Pasadas las 6:30 pm del lunes 5 de junio, un comando armado esperó a Carlos Paul Hernández Cota, subdirector del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Los Cabos y le disparó en repetidas ocasiones; los pistoleros lograron herirlo en hombro y cuello.

Los hechos se registraron en las calles Costa Dorada, entre Playa Atata y Avándaro de la colonia Costa Dorada en San José del Cabo. Poco después de dos horas, Hernández perdió la vida en la Clínica 38 Guaymitas, en esa cabecera municipal.

“Los datos que tenemos, los cuales fueron dados a conocer por el propio personal del penal, es que el subdirector jugó contra corriente”, argumentó el integrante del Grupo de Coordinación.

Las declaraciones del personal del centro penitenciario apuntan a que Hernández Cota recibía pago de cuota por parte de internos afines a “Los Dámaso”, y una vez que las cosas empeoraron en Los Cabos, “desde hace un mes tenemos entendido, él ya no trabajaba para la célula criminal, él les dijo que ya no trabajaría con ellos por la situación, sin embargo cuando entras en eso, ya no sales, y así fue”, reveló un custodio.

De acuerdo a los datos que brindó, Carlos Paul tenía desde el mes de marzo buscando abandonar el “negocio”, sin embargo, la molestia fue tal que constantemente amenazaron al servidor público para que continuara. Pero la presión del subdirector fue tal que “llegó a cortarles la luz y el agua a los internos, con el fin de que supieran que ya no trabajaba para ellos, no sé, pero la petición del grupo delictivo era para obtener beneficios por encima de los demás reos”, denunció.

Una vez conocidos los motivos que llevaron a la ejecución, en la Dirección de Prevención y Reinserción Social “recibieron la renuncia del director Gabriel Antonio Martínez Rodríguez, y fue entregada la Comandancia General, pero no termina ahí; al menos cinco custodios más están prácticamente abandonando sus funciones”, afirmó el especialista en Seguridad Pública y miembro del Grupo.

Extraoficialmente se estaría presentando una serie de renuncias sobre la mesa de la Secretaría General de Gobierno y de la propia Subsecretaría de Seguridad Pública en BCS, motivadas por la manera “tan sucia en que operaron el penal, hoy la inestabilidad al exterior del penal en la pelea por la plaza ha repercutido” y ha llegado a todos los servidores públicos del centro penitenciario, gran parte de ellos ha recibido amenazas tanto del exterior, como de los propios internos.

El criminólogo consultado por ZETA refiere que los graves problemas por los altos niveles de impunidad y la alta injerencia de grupos criminales, se deben “a esa falta de preparación y de capacitación de los mandos medios y superiores, hay una enorme improvisación, ningún director de ninguna corporación, ninguno es policía de carrera; ninguno tiene calificación o certificación para el encargo que está desempeñando”, lamentó.

Lo más preocupante es que, fuera del panorama o la radiografía que se presenta, siendo un Estado con pocos habitantes y con municipios tan pequeños, además de lo limitado en cuanto a salidas e ingresos, Baja California Sur está vulnerada.

“El crimen organizado se ha apoderado de nuestra principales rutas de acceso y de nuestros mandos policiacos, mandos medios y superiores son muy baratos, te enteras que con cuotas 20 mil pesos semanales, se les permite hacer y deshacer a estas organizaciones”, concluyó el especialista.



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